Por Julio Simón
Desde hace más de 40 años se discute en la Argentina la necesidad de modificar el régimen laboral. A diferencia de otros momentos, hoy parece existir una coincidencia poco frecuente: representantes de los trabajadores, del sector empleador, dirigentes políticos de distintas fuerzas y la prensa especializada coinciden en que una reforma resulta necesaria.
Las razones invocadas también se repiten cuando se conversa con empresarios PyME o con trabajadores sindicalizados: altos niveles de empleo no registrado, dificultades para generar empleo, elevada litigiosidad, falta de previsibilidad para el empleador y una normativa desactualizada frente al avance tecnológico.
Sin embargo, el Proyecto de Ley de Modernización Laboral remitido al Congreso el 11 de diciembre de 2025 no resulta eficaz para alcanzar esos objetivos. Más allá de algunos aciertos puntuales, el texto no ataca de manera sustancial los problemas que dice querer resolver.
Por el contrario, parece orientado a restringir derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, sin que se advierta cómo esas limitaciones contribuirían a reducir la informalidad, generar empleo o disminuir la litigiosidad. Existe, en definitiva, una clara desconexión entre el diagnóstico que se formula y las soluciones normativas que se proponen.
Un ejemplo es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, financiado con una contribución del 3% del salario, que reemplaza en igual medida una reducción al sistema previsional. Si el objetivo es reducir el costo del empleo registrado, resulta difícil justificar la creación de un nuevo fondo que no implica una baja real e inmediata del costo laboral.
Los costos de registración son, en los hechos, el verdadero impuesto al trabajo activo, y su reducción es condición necesaria para combatir la informalidad.
Otro aspecto problemático es la regulación de los trabajadores de plataformas digitales, a quienes se considera totalmente independientes, sin reconocimiento de derechos protectores, más allá de un seguro de accidentes. Esta solución desconoce el mandato del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y omite alternativas intermedias que ya funcionan en otros sistemas jurídicos.
La modernización laboral es necesaria, pero solo será posible si surge del consenso político y social. De lo contrario, las reformas terminan profundizando los problemas que dicen querer solucionar.
(*): Abogado laboralista. Especial para NA.